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| Cédula de Identidad |
Además del certificado de nacimiento, un documento fundamental para ser reconocido como individuo por parte del Estado, y así tener la opción de acceder a otros derechos de ciudadanía, es el carnet de identidad.
No es casual por ello que este documento sea percibido, por la mayoría de quienes tramitan su obtención, como “un documento muy válido”, en especial para el ejercicio de derechos civiles como el libre tránsito, el derecho a la propiedad, el de establecer contratos respaldados por ley y el derecho de acceder a las instituciones que administran justicia en el país. Más todavía: la cédula de identidad es algo así como un “pase” para realizar muchos trámites tanto en la burocracia estatal como en otros ámbitos públicos y privados. Incluso la posibilidad de ser sujeto de algunos derechos o beneficios sociales requiere como premisa la posesión del citado documento de identificación.
En el trabajo de campo que realizamos con quienes, como individuos, acudían al Estado para obtener su carnet de identidad, hay un acuerdo mayoritario en sentido de que este documento “está por encima de todo” debido a que constituye un requisito para tramitar otros documentos como el título de bachiller, la libreta de servicio militar y la credencial de elector, entre otros.
Se comprende entonces con claridad que la cédula de identidad es parte de una “cadena de documentos” que faculta a los individuos a desarrollarse cotidianamente sin la intromisión de terceros, incluido el Estado. Son estos documentos los que viabilizan también derechos civiles, políticos y sociales.
Ahora bien. La consecuencia directa de esta centralidad de la cédula de identidad como instrumento para ser reconocido por el Estado, realizar trámites y acceder a otros documentos y, por esa vía, al ejercicio de nuevos derechos ciudadanos, posiciona al Estado como una instancia de poder y con poder ante los individuos, a quienes les otorga la autorización legal en términos de “permitir” la realización de actividades cotidianas, el establecimiento de transacciones, la recepción de beneficios sociales, el acceso a bienes y servicios públicos y privados, la participación en la vida pública.
El acto de autorizar, identificar y otorgar derechos y deberes forja “el tejido mismo del mando” al definir lo que las personas deben y pueden o no hacer en diferentes ámbitos de sus vidas. Es una de las maneras más evidentes, pues, de cómo el Estado se hace presente en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Además de sus efectos prácticos, la cédula de identidad expresa simbólicamente la pertenencia a la comunidad nacional. Para decirlo en palabras de una maestra rural de Chimoré: “es un documento que identifica a una persona, quién es, de dónde es; sin carnet una persona no es ciudadana”. Esta comprensión se refuerza en la mayoría de los entrevistados, como lo expresa un señor de Villa Dolores, en El Alto: “el carnet de identidad es tu identificación dentro de la sociedad, dentro del gobierno”.
En síntesis: tanto en su dimensión legal como en los imaginarios, el documento que identifica a cada boliviano y boliviana trae consigo el reconocimiento de su condición de miembro con derechos de la comunidad política y, en este sentido, como ciudadano. ¿Qué mensaje, entonces, traen consigo, para el individuo, los documentos oficiales como el certificado de nacimiento, el carnet de identidad y la credencial de elector? El principal es que todos los bolivianos y bolivianas somos iguales frente al Estado. Las elecciones de gobernantes y representantes, así como las consultas a través del referéndum, son importantes eventos de participación política que refuerzan la percepción de igualdad de derechos de individuos que habitan el territorio nacional. Y otras muchas acciones desde el Estado y de la sociedad están orientadas a la consolidación de esta idea de ciudadanos-individuos portadores de derechos y obligaciones frente al Estado y a la sociedad.
Observamos en consecuencia que los efectos simbólicos del carnet de identidad ponen de relieve la capacidad del Estado para clasificar a la vez que registrar a las personas como individuos y, con ello, como miembros de la comunidad nacional. Además de exponer la identidad que implica contar con un nombre y apellido, este documento certifica la fecha y lugar de nacimiento, el estado civil, la profesión y el domicilio del ciudadano. Así pues, mediante la identificación materializada en documentos y concretada en leyes, decisiones de justicia, registros, resultados de censos, permisos, títulos, formularios de impuestos y otros tantos procedimientos, el Estado expresa categorías sobre quiénes somos y qué derechos y obligaciones tenemos respecto a otros sujetos sociales y con el Estado.
Al respecto, la literatura especializada ha discutido las dimensiones de individuación y de totalización de la formación estatal: la formación de personas cuya conciencia individual es la base de su identidad política y la totalizadora en la formación de la identidad nacional y del carácter nacional (Corrigan y Sayer, 1985).
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